La organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) identificó seis errores cometidos por las autoridades brasileñas que han impedido esclarecer la muerte de la activista Marielle Franco, cuyo asesinato a tiros en Río de Janeiro cumple seis años este jueves. Decenas de personas, entre ellas la viuda de Marielle, Mónica Benicio, se reunieron frente a la Cámara Municipal de Río para exigir justicia. Aunque los supuestos autores materiales están tras las rejas, se desconoce quién ordenó el homicidio y cuáles fueron los motivos por los que la entonces concejala fue ejecutada.
Según un informe divulgado este jueves por la ONG, entre los seis errores principales que fueron cometidos, por acción u omisión, por las autoridades destaca la demora en la resolución del caso. Además la falta de control de armas de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad, como la subametralladora HK MP5 que mató a la concejala, y la obstrucción de las investigaciones por parte de funcionarios y policías.
«Fracasos e intentos de obstrucción»
Los constantes cambios de los responsables de las indagaciones, la falta de garantías para que los familiares tengan una participación efectiva en las investigaciones y las fallas del Estado para brindar protección a los defensores de derechos humanos, completan la lista. «Después de los crímenes hemos sido testigos, durante los últimos seis años, de numerosos fracasos e intentos de obstrucción de las investigaciones, muchos de ellos realizados por agentes públicos», señala el informe de AI.
Para la ONG todos los responsables de estos hechos deben ser identificados y sancionados, pero además se deben tener en cuenta una serie de «recomendaciones urgentes» para evitar que se repitan crímenes como el de Marielle Franco y las fallas que se han visto durante el proceso. Garantizar que todos los involucrados en el crimen sean identificados y juzgados en «juicios justos» encabeza la lista de acciones sugeridas por la ONG, que también defiende el control eficiente de la producción, importación y venta de armas y municiones.
Amnistía propone que haya una fiscalización externa de la actividad policial para combatir la corrupción, así como la participación de observadores internacionales independientes que garanticen investigaciones imparciales. Finalmente la organización sin fines de lucro resalta la importancia de que las familias tengan acceso «al derecho de participar en las investigaciones» y le pide al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva implementar un programa de protección a defensores de los derechos humanos, comunicadores y ambientalistas, en todo el país.
«Todavía existe la indignación»
Un acto frente al edificio municipal de Río de Janeiro, en Cinelandia, conmemoró los seis años del asesinato de la concejal Marielle Franco y su chofer Anderson Gomes. Los manifestantes, encabezados por la viuda de Marielle y actual concejal, Mónica Benicio, exigieron justicia entre música, banderas y fotos de la activista asesinada.
La propia Benicio sostuvo que «además de la tristeza, todavía existe la indignación de llegar a los seis años de un asesinato como éste sin una respuesta, es decir que este tipo de violencia todavía es aceptada en nuestra sociedad con otras Marielles«. La concejala por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) agregó: «Hoy es un día de dolor. Preferiría estar en mi cama llorando, extrañando, pero necesitamos levantarnos para producir actos que no sólo sirvan a la sociedad para recordar, sino que también exijan justicia a las autoridades».
Presente en el acto, el diputado federal del PSOL, Henrique Vieira, dijo que la bancada de su partido quiere reunirse con el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, para recibir actualizaciones sobre las investigaciones. «Sentimos confianza en el proceso de investigación. En los últimos meses hemos notado algunos avances importantes, lo que aumenta nuestra confianza en que sabremos quién y por qué lo hizo», sostuvo Vieira de acuerdo a Agencia Brasil.
La viuda, sin embargo, a pesar de esperar a que concluya la investigación, no tiene muchas esperanzas de que eso ocurra. «Me reservaré el derecho de no tener más expectativas en este momento. Se vieron avances significativos desde el año pasado, especialmente con la declaración de Élcio Queiroz, quien ahora es un imputado confeso, pero mi expectativa era que no alcanzaríamos el hito de seis años sin respuestas», advirtió Benicio.
El Instituto Marielle, creado por la familia de la joven militante para honrar su memoria, organizó distintas actividades con motivo del sexto aniversario. Por la mañana hubo una misa en la iglesia Nossa Senhora do Parto, en el centro de Río de Janeiro. La ubicación es emblemática ya que está a pocos metros del Buraco do Lume, una plaza pública donde Marielle solía dar discursos y donde actualmente hay una estatua que la recuerda. Por la tarde se realizó un festival artístico en la Plaza Mauá, también en el centro de Río, según el portal Poder360.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometió seguir luchando para encontrar a los responsables del asesinato de Marielle Franco. «Llevamos seis años luchando por justicia para Marielle y Anderson y todavía no tenemos respuestas», escribió Lula en sus redes sociales. «Seis años que, aun así, dimos la cara cada día por ustedes, por nuestro pueblo y por todo lo que representan», apuntó. Lula puso el caso de Marielle entre las prioridades de su gobierno y nombró a su hermana, Anielle Franco, ministra de Igualdad Racial.
Las últimas detenciones
Marielle Franco y su chofer Anderson Gómes fueron asesinados la noche del 14 de marzo de 2018, cuando el auto en el que viajaban fue baleado en el barrio Estácio, en la región central de Río. Dos personas acusadas de los asesinatos, los expolicías Ronnie Lessa y Élcio Queiroz, fueron detenidos en marzo de 2019, un año después del crimen. Lessa es sospechoso de haber efectuado los disparos y Queiroz de conducir el auto utilizado en el asesinato.
Un tercer acusado, el exbombero Maxwell Correia, fue detenido el año pasado gracias a un acuerdo de culpabilidad de Queiroz, quien lo nombró responsable de monitorear los movimientos de Marielle. A fines de febrero autoridades de Río de Janeiro detuvieron a Edilson Barbosa dos Santos, acusado de haber desaparecido el auto desde el cual fue asesinada Marielle Franco en 2018.
La Policía Federal señaló en un comunicado que el detenido es el dueño de una chatarrería que «recibió, deshuesó y desechó» el automóvil usado por los sicarios para cometer el doble homicidio. Según la denuncia, el acusado «impidió y obstaculizó» las investigaciones sobre los delitos que involucraban a una organización criminal, causando graves daños a la administración de la justicia y a la búsqueda de la verdad. Otros sospechosos murieron durante la investigación policial.
A seis años del fatídico hecho el crimen aún está rodeado de incógnitas en relación a su autor intelectual. Hasta el momento, las indagaciones señalan que hay una «fuerte vinculación» de los hechos con grupos parapoliciales que se disputan territorios de la capital fluminense por el control del narcotráfico y de otras actividades ilícitas.
Franco militaba contra los crímenes de las milicias, pero también contra la violencia policial y por los derechos de los habitantes de las favelas, especialmente los jóvenes negros, las mujeres y los miembros de la comunidad LGBTI. Fue la quinta concejala más votada de Río de Janeiro en las elecciones municipales de 2016, con más de 46 mil votos, y su figura inspiró varias candidaturas de mujeres negras a nivel municipal, estatal e incluso federal.
